Menos de la mitad de los médicos especialistas que no cumplen su período obligatorio en los hospitales son perseguidos judicialmente por el Estado

28 facultativos fueron demandados por el fisco entre 2008 y 2015, de un total de 63 profesionales que no cumplieron su compromiso.

Fuente: El Mercurio

En los últimos ocho años hubo facultativos que, habiéndose especializado con financiamiento estatal, no cumplieron con su parte del trato: devolver ese beneficio con su trabajo en el sector público de salud por el doble del período de estudio. Aunque la mayoría ha cumplido, quienes no lo han hecho plantean desde razones familiares hasta que el “sueldo es demasiado bajo”. Mientras la Contraloría dice que hay falta de control, en el Ministerio de Salud reconocen que no tienen el cálculo de cuántos profesionales pagaron las multas por no volver al sector público y cuántos están demandados.

Entre diciembre del año pasado y marzo de este abandonaron el Hospital Clínico de Magallanes el único cardiocirujano, el único nefrólogo y el único especialista en radioterapia oncológica de la región.

Este último, Benjamín Bianchi, llegó en 2012 -el servicio de salud incluso pagó los $2,2 millones de su mudanza desde Santiago- y su incorporación fue anunciada en la prensa por las autoridades de la época: “Estamos dando respuesta a la necesidad de que nuestra unidad de radioterapia cuente con un médico especialista de manera permanente”, recalcando que los pacientes antes debían viajar a Valdivia, y a partir de entonces contarían con “tecnología de la misma calidad que una clínica privada”, tras una inversión en equipos por $1.500 millones.

Después de egresar de medicina general (siete años), los médicos tienen la opción de seguir una beca de especialidad que es financiada por el Estado, mediante el Programa de Formación de Especialistas y Subespecialistas, que comenzó en 2008.

Este año llegaron a los hospitales a devolver sus becas 772 médicos y hay más de $101 mil millones de presupuesto para el programa, que busca eliminar la brecha de especialistas del país, considerando que hay 1,8 millones de personas esperando por una consulta o una cirugía.

Según el Ministerio de Salud (Minsal), en 2015 hacían falta 3.795 especialistas en Chile. Los más escasos son los internistas, cirujanos y anestesiólogos (que juntos equivalen al 25% de la brecha), mientras que las regiones que necesitan más son Maule, Atacama y Tarapacá.

Al término de la beca, los nuevos especialistas deben cumplir un Período Asistencial Obligatorio (PAO) trabajando en hospitales o consultorios el doble del tiempo que dura su especialización, en el mismo servicio de salud que entregó la beca o en otro recinto público del país, previa autorización de este. El facultativo conoce, al aceptar la beca, las condiciones y el lugar donde deberá realizarla.

Para el Minsal, en la mayoría de los casos se cumple con el pago del Período Asistencial Obligatorio.

En 2012, por ejemplo, entraron al programa de formación 493 médicos, según información obtenida por “El Mercurio” vía Ley de Transparencia. De ellos, 439 están en período de formación o pagando sus becas. Y 54 (11%) han sido eliminados, reprobados, interrumpieron sus estudios o renunciaron, entre otras causas.

Cuando un médico no cumple con su Período Asistencial Obligatorio, el Estado decreta su inhabilidad por seis años para ocupar cualquier cargo público (por lo que no puede ejercer en consultorios ni hospitales), y, además, debe hacer efectivo un pagaré de hasta $200 millones.

Bianchi, el médico que dejó Punta Arenas en diciembre pasado, se tituló de médico cirujano (U. de los Andes) en 2003, y en 2012 obtuvo la especialidad en radioterapia oncológica en la misma casa de estudios. El pago de su beca debía hacerse en el Hospital Clínico de Magallanes hasta fines de 2017, pero renunció en diciembre de 2015 y el servicio de salud lo inhabilitó el 29 de enero de 2016. Contactado por “El Mercurio”, explica que su renuncia se debió a “motivos personales”. Califica de “injusta” la inhabilitación, y el cobro de una multa de 5 mil UF (unos $130 millones). “En Magallanes hice turnos que no me correspondían y devolví más horas que las que decía el pagaré”, dice el médico, que ahora ejerce de manera privada su especialidad, de la que solo existen 85 profesionales certificados en el país.

Durante este año, han viajado médicos desde Valdivia para cubrir su ausencia, y, tras 11 meses de vacancia en el cargo, el 2 de noviembre se incorporará un nuevo radiólogo al hospital. Su caso aún no ha sido perseguido judicialmente para hacer efectivo el pago de la multa.

28 demandas del Estado

La información respecto del cumplimiento de las obligaciones de la beca es de difícil acceso público. Las peticiones de “El Mercurio” vía Transparencia demoraron meses en ser contestadas. Incluso, los propios becarios dudan de la calidad de las estadísticas oficiales: “Los mecanismos de registro que tiene el ministerio son súper débiles y la Contraloría ha hecho un festín del programa. De hecho, la administración central no sabe cuánta gente fue expulsada de los programas porque una vez que el ministerio entrega los cupos a través de concurso, los que los administran son los servicios de salud y ellos no tienen la obligación de informar de esa gestión a nivel central porque ellos son dueños de sus plazas”, dice Eugenio Grasset, presidente de Residentes Chile, la agrupación de los becarios.

Para esta investigación, “El Mercurio” analizó dos bases de datos oficiales obtenidas por Ley de Transparencia y las cruzó con la información de las causas disponibles en el Poder Judicial. De ese cruce, se obtiene que tan solo en la generación de 2012, 13 médicos fueron inhabilitados y solo en tres casos hubo demandas judiciales interpuestas por el Estado. Y si se consideran los datos de todas las generaciones (desde 2008 a 2015), hay por lo menos 63 médicos que no cumplieron con sus becas y fueron inhabilitados. De ellos, solo 28 han sido demandados por el fisco para hacer efectivo el pagaré o la escritura que los compromete.

El número de incumplimientos podría ser incluso mayor, ya que hay una veintena de otros casos que detectó esta investigación que no formaba parte de la base de datos del Minsal.

Consultado al respecto, el Ministerio de Salud señala que 42 especialistas no cumplieron con el pago de sus becas entre 2015 y 2016. Una cifra distinta a la informada a la Cámara de Diputados en junio pasado, que indica que hay 49 inhabilitados, pero entre 2009 y 2015. Y respecto del número de causas judiciales, Jaime López, jefe del Departamento de Formación y Calidad del Minsal, asegura que “lo más probable es que hayan pagado”, pero no entrega cifras o documentos que avalen su afirmación.

Las demandas pueden ser interpuestas por los respectivos servicios de salud -que operan de manera descentralizada- o por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero la intervención de este organismo resulta marginal. El CDE solo tiene 5 causas activas, y otras se han archivado al haber pagarés prescritos, sin que exista otro documento que obligue al cobro.

Un caso es el de Katia González, quien comenzó su beca de anestesiología en 2004 (U. Católica) y en 2011, cuando llevaba cuatro años de devolución, pidió permiso al Servicio de Salud de Talcahuano para realizar una subespecialidad en anestesiología cardiovascular en Santiago. El servicio de salud autorizó sus estudios por dos años, pero luego ella pidió quedarse en la capital para terminar de pagar su período asistencial, permiso que le fue denegado.

Como no volvió, el servicio de salud la inhabilitó y exigió el cobro del pagaré por 3.568 UF ($83 millones). “Yo hice mi subespecialidad y después quise devolver la plata de los dos años que no alcancé a realizar, pero ellos me querían cobrar los seis años”. Este caso llegó a un juicio civil que concluyó en diciembre de 2015, ya que el pagaré había prescrito, lo que la liberó de la multa.

Por casos como este, en mayo de 2014 el CDE recomendó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales modificar el procedimiento de cobro e incluso se remitió un modelo de acta de compromiso y otorgamiento de caución que se usa en becas del Ministerio de Desarrollo Social.

Contraloría: “Falta de control”

Varios informes de la Contraloría hacen referencia a la falta de control del pago de la beca de especialidad en diversos servicios de salud del país.

Entre los reproches del organismo figuran, por ejemplo, la falta de control de asistencia y horario de los becarios, la entrega de bonos de vacaciones y de Fiestas Patrias (pese a que los becarios no tienen la calidad de funcionarios) y la inexistencia o entrega tardía de los pagarés que después permiten el cobro de las becas.

En una fiscalización al Servicio de Salud Metropolitano Sur (marzo de 2016), el ente fiscalizador señala que el servicio “no cuenta con el mecanismo efectivo de control del cobro de garantías”. Y se explica que a los 80 médicos que están cumpliendo sus becas en los hospitales El Pino y Barros Luco solo “se les exigió la firma de convenios de derechos y obligaciones en una escritura pública, pero no existe una póliza o boleta bancaria de por medio”, lo que dificultaría el cobro en caso de incumplimiento.

El informe agrega que, de ocho médicos que incumplieron su período asistencial, solo en tres casos hubo una persecución judicial, “lo que confirma la falta de control”.

El tema ha sido objeto de debate entre los médicos, los especialistas en formación y el Minsal, que hoy se reúnen para analizar el tema.

“Después de 10 años de estudios el sueldo era demasiado bajo”

De los 63 médicos inhabilitados, varios reconocen que “optaron” por no cumplir su Período Asistencial Obligatorio. Laura Carrillo debía hacerlo en Biobío tras finalizar oftalmología en Santiago. Su marido trabajaba en la Región Metropolitana y por eso pidió quedarse, pero le dijeron que no.

Durante diez meses pagó su beca en Los Ángeles, hasta que decidió incumplir.

“Vimos que el sueldo después de diez años de estudio como médico era de $800 mil por 33 horas semanales de trabajo; entonces, era demasiado bajo y ni siquiera tenía pabellón para hacer cirugías. Decidimos como familia pagar la multa”, dice la especialista que desembolsó unos $60 millones, en tres cuotas. Y agrega: “Hay casos en que los médicos llegan a juicio, y como estos duran años, juntan la plata hasta que salga la condena”.

Otro caso es el de Joaquín Monsalve, quien se tituló de médico cirujano (U. de la Frontera) en octubre de 2009 y de anestesiólogo (U. Mayor) en 2015. Le correspondía hacer el retorno de la especialidad en Pitrufquén, Región de La Araucanía.

Su esposa quedó embarazada, y Monsalve pidió al Servicio de Salud Araucanía Sur pagar la beca por un año en Santiago, lo que fue rechazado. Entonces, decidió incumplir el pago de su beca. Actualmente, no está demandado, pero está negociando otras condiciones para cumplir. “La familia no se puede separar”, dice a “El Mercurio”.

Acuerdo por menos

Kifah Zouein ganó una beca en medicina de urgencia (U. de Chile) y debía hacer el Período Asistencial Obligatorio en Antofagasta desde 2009 hasta fines de 2015. Pero una vez terminada su formación, no quiso volver a dicha región y pidió su traslado tanto a la Contraloría como al servicio de salud. Como su petición no fue aceptada, fue inhabilitada y el fisco interpuso una demanda civil por $44 millones. Este proceso finalizó con un acuerdo con el CDE, por el pago de $24 millones. “Yo pagué mi beca, a mí nadie me la regaló, yo le devolví al Estado todo”, asegura.

En la revisión de los expedientes judiciales también se observan casos en los que los médicos negocian con el servicio de salud pagar solo una parte de los montos adeudados. “El Mercurio” detectó, por ejemplo, que un becario de Coquimbo debía $229 millones, y terminó pagando solo $5 millones. En el mismo servicio, una becaria debía $57 millones y pagó $9 millones.

Según López, “no se puede entrar en una negociación”. Y ahonda: “No digo que no haya ocurrido, y si hubiera ocurrido, seguramente habría sumarios o alguna cosa detrás, eso no puede pasar. Estamos hablando de patrimonio fiscal y tú no puedes negociar el patrimonio fiscal”.

“Me fijaría en no volver a tomar un compromiso tan a largo plazo”

Claudia Bustamante se tituló de médico cirujano en 2005 (U. de Chile) y en 2009 como especialista en anatomía patológica en la U. Católica. El retorno de su beca debía hacerse en el Servicio de Salud de Ñuble. Argumentando “motivos personales”, solicitó ser trasladada a la Región Metropolitana, específicamente al Instituto Nacional del Cáncer, lo que le fue negado.

En 2013, ella demandó al fisco por “daño contractual y moral”, pero esa causa no prosperó. Tampoco el cobro del pagaré de $76 millones de la época, que prescribió.

Tres años después, Bustamante plantea: “Me fijaría en no volver a tomar un compromiso a tan largo plazo, donde las condiciones van cambiando. Si me hubiesen permitido cambiar mi destinación posiblemente hubiese hecho carrera funcionaria en el servicio público, complementando con la actividad privada, como lo hacen muchos colegas”.

En una carta dirigida al Ministerio de Salud a propósito de este caso, en julio de 2009, el director del Servicio de Salud Ñuble, Iván Paul, sentencia: “Quiero recordar que este compromiso fue adquirido con pleno conocimiento de las partes. Es verdad que pueden ocurrir situaciones personales adversas en el transcurso del tiempo, a todos de alguna manera nos pasa, pero ello no debe ser óbice para honrar los compromisos adquiridos”.

Los costos para el país que generan los médicos en rebeldía

Si se intentara aproximar el gasto en que incurrió el fisco en formar a los 63 inhabilitados, se trata de un monto considerable. Por cada uno de quienes estaban formándose durante 2015, el Estado pagó a las distintas universidades un arancel anual de $5.220.000 por concepto de colegiatura. Si se tiene en cuenta que la duración de una especialización promedia los tres años, el monto total desembolsado a las universidades para formar a este grupo de médicos es de casi $1.000 millones.

Además, la beca contempla un estipendio que supera los $1,5 millones mensuales por facultativo. Por lo tanto, en el período de estudio se acumula un gasto por este concepto de poco más de $3.400 millones en los profesionales.

Sin embargo, el costo económico no es el que más impacta, sino el social, al no poder resolver cientos de problemas de salud extras.

“Para un hospital de mediana complejidad, la llegada de un anestesista se programa: se contrata un cirujano, un traumatólogo y un obstetra, porque con ellos se formará equipo en el pabellón. Pero si no llega, todo ese esquema, que puede haber demorado un par de años en formarse, se rompe”, advierte el presidente de la Sociedad de Anestesiología, Christian Nilo.

Como el especialista no llega y no hay cómo conseguir otro, “el hospital se tiene que resignar a esperar otro ciclo completo de formación, de tres años más”, dice.

En términos de atenciones, la situación también se puede mensurar: un anestesiólogo llega a atender hasta seis cirugías en una mañana, o una cirugía de corazón o cerebro.

De su especialidad, once médicos no devolvieron su Período Asistencial Obligatorio. De haberlo hecho todos ellos, el déficit de estos profesionales a nivel nacional se reduciría automáticamente un 5%. Sin embargo, Nilo argumenta que “en los últimos años han ingresado más de 270 médicos en formación”.

Sin Retorno

De los 63 especialistas inhabilitados, 10 no regresaron a los servicios de salud Metropolitano Sur Oriente y Biobío, respectivamente.Las especialidades con mayor incumplimiento son medicina interna y anestesiología, ambas con 11 casos.

“El peor resultado que puede haber es aplicar la multa y la inhabilitación. Pierde el país un profesional que no va a poder trabajar en la administración pública por seis años; pierde el Ministerio de Salud la opción de utilizar un recurso que está formado, y pierde el profesional, que tiene que pagar la totalidad del costo invertido en él”.

Jaime López, Ministerio de Salud

“Estamos trabajando con el ministerio en comisiones para mejorar la ley y que se permita que haya una oficina o una instancia de apelación para que se solucionen las diferencias entre los médicos y los servicios de salud. Hoy es muy extraordinariamente difícil una solución, porque el reglamento no lo permite. Entonces, el médico empieza a luchar contra el sistema y, como no puede, lo abandona”.

Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico

“El ministerio dice que son casos aislados, pero cada vez que vamos a conocer un caso a un servicio de salud, aparecen más casos de gente que no ha reclamado o que el ministerio no ha controlado, porque no tiene la capacidad de fiscalización. Yo creo que debe haber unos 100 o 150 colegas por generación que tienen problemas con el pago de sus períodos asistenciales obligatorios”.

Eugenio Grasset, Residentes Chile

Fuente: El Mercurio